Iniciativas

Informe Mezquita (sobre la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba)

Mirhab de la Mezquita de Córdoba. Foto de TonoCano/secretOlivo

Apuntes jurídicos sobre la titularidad pública de la Mezquita Catedral de Córdoba

La denominada popular y mundialmente como Mezquita de Córdoba, también llamada Santísima Iglesia Catedral por la Iglesia Católica, no es una cosa ni la otra: son las dos o ninguna. O un templo ecuménico (que no ecumenista) habilitado para el rezo compartido. O un monumento laico (que no laicista) como Santa Sofía en Estambul. Así se zanjaría el debate sobre la funcionalidad de un monumento singular y único en el planeta, reclamo universal de Córdoba, catalogado y protegido con dinero público como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ministerio de Cultura, declarado Monumento Nacional en 1882 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. Hablaríamos de una decisión política coherente con su trascendencia histórica, artística y espiritual, que hubiera sido posible hace apenas unos años, si no fuera porque aparentemente ya no pertenece a los cordobeses, ni a los andaluces, ni a los españoles: es propiedad privada de la Iglesia Católica. ¿Es verdad? ¿Ha sido legítima esa adquisición? A mi juicio, indudablemente, no.

El 2 de marzo de 2006, coincidiendo con la problemática de aquellas vigas en subasta, la Iglesia Católica inmatriculó (es decir, inscribió por primera vez) la Mezquita en el Registro de la Propiedad como “Santa Iglesia Catedral de Córdoba”. A su nombre, por supuesto. Nadie antes había movido un dedo al respecto. Ni el Cabildo que la ocupaba de hecho sin pagar el IBI (la Unión Europea ha enviado reiteradas órdenes al Gobierno para que se lo exija). Pero tampoco las Administraciones públicas que subvencionan sus reformas con el dinero de todos. Una sencilla ley hubiera bastado para catalogarla como bien de dominio público. ¿Por qué no se hizo?

El Obispado alegó como título justificativo para hacerla suya al 100% la “toma de posesión” (que no de propiedad) en 1236, cuando se trazó sobre el pavimento una franja de ceniza en forma de cruz diagonal con las letras de los alfabetos griego y latino. La posesión en el tiempo no sirve para adquirir bienes de dominio público. Ni el Acueducto de Segovia. Ni el Teatro de Mérida. Ni la Alhambra… Sin embargo, la Mezquita-Catedral de Córdoba no estaba inventariada como bien de dominio público. ¿Por qué? Por su obviedad y por un equívoco legislativo. Hasta la reforma del art. 5.4 del Reglamento Hipotecario, realizada mediante Real Decreto en 1998, los templos destinados al culto católico quedaban fuera del Registro al considerarse “bienes de dominio público”. Indudablemente, no todos lo eran pero tal afirmación era tan coherente en un Estado integrista (nacional-católico) como inadmisible en un Estado aconfesional. A sabiendas o no, aquella reforma no tocó dos artículos preconstitucionales (a los que aludiré después) que equiparan a la Iglesia Católica con una Administración, y atribuyen a Diocesanos Católicos la funcionalidad de fedatarios públicos. Esta doble y flagrante inconstitucionalidad invierte el espíritu de la norma como un calcetín: todo lo que antes era público (por la simbiosis Iglesia-Estado) ahora puede ser susceptible de apropiación privada. Aprovechando ese olvido, que nadie corrigió después, la Iglesia Católica ha inmatriculado miles de bienes, suyos o no, privados o públicos, siendo el más simbólico la Mezquita-Catedral de Córdoba. Este es el texto que aparece en el Registro de la Propiedad, atribuyendo la titularidad al Cabildo y el uso en exclusiva al “culto católico”.

URBANA.- SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CORDOBA, situada en la calle Cardenal Herrero número uno, de Córdoba; comprende una extensión superficial de veinte mil trescientos noventa y seis metros cuadrados, con igual superficie construida, según se desprende todo ello de la certificación descriptiva y grafica emitida por la Gerencia Territorial del Catastro a través del Instituto de Cooperación de la Hacienda Local, el dia 21 de febrero de 2.006 que se acompaña. Linda, visto desde su entrada, por la derecha, con la calle Torrijos; por la izquierda, con la calle Magistral González Francés; por el fondo, con la calle Corregidor Luis de la Cerda; y por su frente, con la calle Cardenal Herrero. Antigua Basílica visigoda de San Vicente y mezquita. Reconquistada la ciudad por Fernando III el Santo, el monarca dispuso que en la festividad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo del año 1.236 fuera dedicada a Santa Maria Madre de Dios y consagrada aquel mismo dia por el Obispo de Osma Don Juan Dominguez, en ausencia del Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Jimenez de Rada, asistido por los Obispos de Cuenca, Baeza, Plasencia y Coria. La ceremonia de trazar con el báculo sobre una faja de ceniza extendida en el pavimento en forma de cruz diagonal las letras de los alfabetos griego y latino fué la expresión liturgica y canónica de la toma de posesión por parte de la Iglesia. Todo el edificio quedó convertido en templo cristiano, pero no adquirio el carácter de Catedral hasta la elección del primer Obispo, Don Lope de Fitero, poco antes del mes de noviembre de 1.238, y de su consagración episcopal en un dia de los primeros meses del año siguiente. La Catedral fué declarada monumento nacional en 1.882 y momunento Patrimonio de la Humanidad en 1.984. El inmueble está destinado al culto católico.

Entrada de "La Catedral de Córdoba"

Entrada de “La Catedral de Córdoba”

dorso de entrada a la catedral de córdoba, mezquita de córdoba

El Obispado la llama “Santa Iglesia Catedral de Córdoba”. Comete una metonimia y llama a la parte por el todo. Precisamente por la parte menos auténtica y menos conocida. Es evidente que no toda la Mezquita es Catedral, por más que lo autoproclame el expediente de inmatriculación, curiosamente sólo llamado “Mezquita” en el Registro en una cómica y reveladora traición del inconsciente. De entre las muchísimas evidencias que lo demuestran, quizá la más contundente sea la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad a “The Mosque of Córdoba/La Mezquita de Córdoba”, dada en Buenos Aires el 2 de noviembre de 1984.

Sin embargo, este proceso de amputación de la memoria colectiva por parte de la Iglesia Católica (en las referencias registrales y en la gestión del monumento), culminado con la apropiación jurídica, simbólica y espiritual de la Mezquita-Catedral de Córdoba, adolece de burdos errores materiales y jurídicos, tanto en el título como en el medio de adquisición.

A modo de resumen, la inscripción es sólo la prueba de la existencia de un derecho, no un modo de adquisición. En consecuencia, siempre resulta necesaria la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre un bien inmueble, que además debe ser susceptible de propiedad privada. Para el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, no existe el título material porque la consagración no es un modo adquisitivo previsto en nuestro Derecho; el bien tampoco es susceptible de propiedad privada por tratarse de Dominio Público; y las normas que amparan formalmente la inmatriculación son inconstitucionales. Así pues, la inscripción es nula de pleno derecho, sin necesidad de una norma de desamortización expresa. Sencillamente, bastaría con la declaración de la inconstitucionalidad de los arts. 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, bien por el Tribunal Constitucional o incluso por un Juez de Instancia al tratarse de una inconstitucionalidad sobrevenida. También podría bastar con el reconocimiento administrativo de la naturaleza pública del bien. Y en ambos casos, para hacer efectiva la restitución formal de la titularidad civil, tampoco haría falta la expropiación ni pagar justiprecio alguno porque nunca fue propiedad privada de la Iglesia. En sentido estricto, no habría restitución porque siempre ha sido pública.

Intentaré desgranar todos estos argumentos someramente.

1. La inmatriculación no supone en absoluto la adquisición del derecho real inscrito sobre el inmueble. La inscripción en el Registro sólo es una prueba, muy contundente sin duda, pero presuntiva de la existencia del derecho y, en consecuencia, desmontable cuando se demuestra que no coincide la realidad extrarregistral con lo que material o jurídicamente se dice en la inscripción. Que yo inscriba la luna a mi nombre no significa que la luna sea mía.

Incluso una inscripción así no es oponible frente a terceros hasta pasados dos años (art. 207 LH). Hasta entonces, cualquiera podría atacar la validez del presunto título adquisitivo. Casualmente, se aprueba la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz en 2007. Y en una disposición adicional dedicada exclusivamente a la Iglesia Católica, la Administración andaluza renunció a ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre los bienes inscritos de esa manera. En apenas un año, la Iglesia Católica había blindado en apariencia los papeles de propiedad que antes no tenía sobre la Mezquita-Catedral, a la que a partir de entonces llamaría en sus folletos exclusivamente Santísima Iglesia Catedral de Córdoba. Tomando la parte por el todo. Y ostentando como suyo el todo.

2. Los artículos que permitieron la inmatriculación (206 Ley Hipotecaria y 304 Reglamento Hipotecario) son a todas luces inconstitucionales.

Hasta la reforma del art. 5.4 del Reglamento Hipotecario, perpetrada mediante Real Decreto 1867/1998 de 4 de septiembre (BOE 29 de septiembre 1998), los templos destinados al culto católico estaban excluidos de acceso al Registro de la Propiedad, en una equiparación con los bienes de dominio público propia de un Estado Integrista del nacional-catolicismo franquista, pero absolutamente inadmisible en un Estado constitucionalmente “aconfesional”. Sin embargo, la reforma no tocó dos artículos “preconstitucionales” que equiparan a la Iglesia Católica con una Administración, y atribuían a Diocesanos Católicos la funcionalidad de fedatarios públicos. Inconstitucionalidad por partida doble.

Dice el art. 206 Ley Hipotecaria: “El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público o servicios organizados que forman parte de la estructura de aquel y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan de título inscrito de dominio, podrán inscribir el de los inmuebles mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo está la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.

Y el art. 304 Reglamento Hipotecario: “En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviese la administración o custodia de los bienes no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación a que se refiere el artículo anterior por el inmediato superior jerárquico que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables. Tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los Diocesanos respectivos”.

Ambos preceptos chocan frontalmente con el art. 16.3 de la Constitución Española (y art. 1.3 Ley Orgánica de Libertad Religiosa), que establece expresamente que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Ni la Iglesia Católica puede ser considerada bajo ningún concepto como Administración pública, ni a ninguno de sus miembros como funcionarios. Lo contrario contraviene el principio constitucional de laicidad y aconfesionalidad del Estado.

Ambos artículos están afectos de inconstitucionalidad sobrevenida. Eso supone que los Jueces y Tribunales deben tenerlas por derogadas y, en consecuencia, tomar por nulas cualesquiera actuaciones amparadas en las mismas. Desde su primera sentencia (STC 4/1981, 2 de febrero de 1981), el Tribunal Constitucional resolvió con claridad y contundencia que  “la peculiaridad de las leyes preconstitucionales consiste, por lo que ahora nos interesa, en que la Constitución es una ley superior, criterio jerárquico, y posterior, criterio temporal. Y la coincidencia de ese doble criterio da lugar —de una parte— a la inconstitucionalidad sobrevenida y consiguiente invalidez, de las que se opongan a la Constitución, y —de otra— a su pérdida de vigencia a partir de la misma para regular situaciones futuras, es decir, a su derogación”. Y añadió: “Así como frente a las leyes postconstitucionales el Tribunal ostenta un monopolio para enjuiciar su conformidad con la Constitución, en relación a las preconstitucionales, los Jueces y Tribunales deben inaplicarlas si entienden que han quedado derogadas por la Constitución, al oponerse a la misma; o pueden, en caso de duda, someter este tema al Tribunal Constitucional por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad”.

Suponiendo que existiera duda, también existe doctrina del Tribunal Constitucional en relación al art. 76.1 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964, que al igual que los artículos citados, equipara a la Iglesia Católica con “el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público” eximiéndola del deber de justificar la necesidad de ocupación de los bienes que tuviere dados en arrendamiento. La STC 340/1993 de 16 de noviembre resolvió sin fisuras que los fines religiosos no pueden equipararse a fines públicos, especialmente cuando se lleva al paroxismo de considerar a las rei sacrae como cosas públicas y a la vez de dominio privado de la Iglesia Católica. Ello supone además la vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) con otras confesiones, sin que a juicio del Tribunal Constitucional exista una justificación proporcionada, objetiva y razonable. El parecido de espejo. Y en sus consecuencias, también.

3. La consagración no es un modo de adquirir la propiedad. El art. 609 del Código Civil establece las diferentes vías para adquirir un derecho real sobre bienes susceptibles de propiedad privada. Y entre ellas, como es lógico, no aparece la consagración. Si así fuera, la Sagrada Familia habría pasado a poder del Estado Vaticano desde que fue bendecida por el Papa.

4. Los bienes de dominio público no se adquieren por la posesión en el tiempo. La clave de la cuestión. La escritura pública y el Registro de la Propiedad hablan de “toma de posesión”. Si el bien fuera susceptible de propiedad privada, la Iglesia Católica podría argumentar su adquisición por la denominada “usucapión”. Pero no es así porque la Mezquita-Catedral de Córdoba pertenece al Estado. No voy a entrar en el término perverso e inapropiado de “reconquista”. Incluso otorgando la titularidad por conquista a la monarquía castellana, la Mezquita-Catedral no dejaría de ser titularidad civil y pública.

Cuando el Cabildo eclesiástico quiso destruir las arcadas centrales de la Mezquita para construir la Catedral, se opuso el Cabildo Municipal, incluso con pena de muerte para quien se atreviera a tocar los arcos. Así consta en las Actas Capitulares de 1520 y en una Real Provisión fechada en Loja el 14 de julio de 1523, declarando la Chancillería que el Provisor de Córdoba hacía fuerza en no otorgar las apelaciones que el Ayuntamiento había interpuesto en el pleito, ordenando también en ella que se levantara pena de excomunión. La sentencia real de Carlos V permitió la construcción, aunque después se arrepintiera en su visita de 1526: “Yo no sabía lo que era esto; pues no hubiera permitido que se llegase a lo antiguo; porque hacéis lo que puede haber en otras partes y habéis deshecho lo que era singular en el mundo”.

Y no fue la primera vez que hubo de resolver la monarquía, es decir, el Estado. En las Actas Capitulares de 1523, Cabildo del 29 de abril, ante el derribo por la Iglesia de la parte de la Mezquita, se dice que “la manera queste templo esta edificado es vnico en el mundo e q pa su edificio se gasto grand suma de tesoro y lo principal de yncoveniente es q la capilla Real esta eincorporada en el altar mayor donde estan enterrados los rreys”Y se añade que “otra vez que se yntento por el dean e cabildo atrás mando las dchas obras la catolica rreyna dona Isabel q sea en gloria no lo consintió e mandaron q los letrados hordene vn reqimynto sobre este pposito e que el procurados mayor con vn escriti lo notifiq al dean e cabildo pa q cesen en dcha obra fasta q su majestad sea informado o mande lo mas sea su servycio”.

En ambos casos, las decisiones reales (negativa de Isabel y permisiva de Carlos I) demuestran que no era competencia del Obispo decidir en exclusiva sobre el monumento. No era suyo. La disputa final la resolvió Carlos I. El Rey. El poder central. En consecuencia, se trata de un bien de dominio público, patrimonio de la Humanidad, y no de un bien privativo que mañana pueda ser hipotecado. Y si es de dominio público, como la Alhambra, no puede ser usucapido o adquirido por su posesión prolongada en el tiempo. Aún más: debería ser gestionado por un Patronato público, en el mejor de los casos con participación de la Iglesia, pero no en monopolio ni mayoría, y siempre con las cuentas claras. Su restauración, conservación y adecuación nocturna se ha sufragado con dinero público. La hemos pagado todos los ciudadanos, aunque la Iglesia perciba el precio de las entradas en su integridad y desconozcamos cuánto gana con ello.

El municipio jamás perdió las competencias sobre el monumento. Fue el pleno quien pidió su declaración como patrimonio de la Humanidad por la Unesco con la sola denominación “The Mosque of Córdoba” y tres párrafos en los que sólo se menciona a la misma.

Pero a diferencia de los tiempos de oposición al Cabildo eclesiástico, el municipal ha guardado un silencio cómplice en las entradas y carteles fijos sólo dice Catedral; en los folletos llaman a la Mezquita “intervención islámica en la Catedral” (algo así como llamar a un pantano “intervención fluvial en la presa”); y en la “catequesis nocturna” en que han convertido el triste espectáculo audiovisual, se niega la propia existencia del arte islámico y andalusí en la Mezquita. Incluso del propio Islam. No es gratuito afirmar que sus arcadas son copia del acueducto de Segovia o que el Mirhab se inspira en la Basílica de San Juan Evangelista. Hasta se llega a decir que “Fernado III salva la Catedral de la destrucción islámica” y se termina con un “Gloria” que pone punto y final a un concierto de música sacra católica. Todas ellas son una prueba más del intento de la destrucción de la prueba. Premeditado. Y fallido: la memoria es más fuerte que las piedras. La gente la sigue llamando Mezquita porque cada uno llama a lo suyo como quiere.

5. El aparente riesgo de la usucapión secundum tabulas. Córdoba perdió la capitalidad cultural europea y, si nadie pone remedio, también perderá su Mezquita-Catedral en 2016. Ha quedado claro que el hecho de su inmatriculación a su nombre no quiere decir que sea suya. Pero su acceso al registro permite pensar equivocadamente que pueda tratarse de un bien privado y, en consecuencia, adquirible por usucapión, es decir, por la posesión prolongada en el tiempo con los requisitos previstos en la ley.

A estos efectos, el art. 35 LH considera la inscripción como justo título y presume que el titular ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe durante la vigencia del asiento. De manera que sólo le bastaría poseerla durante 10 años para hacerla aparentemente suya. Justo en 2016. Quede claro que sólo sería una apariencia, dado que ni incluso así perdería su condición imprescriptible de dominio público. Gracias a la oposición del pueblo de Córdoba al cabildo, la Mezquita no se convirtió en una Catedral más. Que fuera Carlos V quien resolviera aquel conflicto para arrepentirse después, demuestra que nunca fue de la Iglesia. Por eso, como ciudadano de Córdoba, exijo a la Administración andaluza o estatal que reconozca la naturaleza pública de la Mezquita-Catedral para evitar que pueda ser adquirida o hipotecada como un bien privado cualquiera. Porque entonces nuestra única esperanza se reduciría al utópico desahucio de la Iglesia Católica por impago.

Antonio Manuel Rodríguez Ramos es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.

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Informe Mezquita (sobre la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba)
20 Comentarios

20 Comments

  1. Jose Luis Delgado

    abril, 2013 at 10:01

    A la vista de todo lo expuesto, y si el Estado así lo decidiera, todo lo inmatriculado por la Iglesia Española, en las mismas condiciones que la MEZQUITA, puede ser exgibleble de devolución a su verdadero titular el Estado; sin que pudiera hablarse de desamortización, ni que tuviera que indemnizarse ni un solo centimo a quien de forma eligitima se hizo propietaria del inmueble en cuestión (ya sea la Mezquita, o una casa en cualquier pueblo del territorio nacional). Y yo me pregunto ¿Para cuando se va a solucionar este asunto?

  2. Vergüenza ajena

    abril, 2013 at 10:01

    Es una vergüenza que la iglesia católica se haya apropiado vilmente de un monumento histórico de este calibre del que ellos no pusieron ni una piedra y que ha sido conservado con el dinero de todos los cordobeses y todos los españoles. Dice mucho de la calaña de la que el clero está hecho. Seguro que ahora pretenden venderlo al estado por un módico precio u otra suerte de favores.

  3. pebaro

    abril, 2013 at 10:01

    Los obispos españoles imitan los actos de la Curia Vaticana, que les gusta lo ajeno y, si pueden, se quedan con ello. Actos consentidos y apludidos por el desgobierno, seguro. Debería existir Jesucristo para echarles, como hizo con los mercaderes.

  4. Piki G. Sarazá

    abril, 2013 at 10:01

    me gustaría leer tu opinión de por qué, a día de hoy, nadie le ha metido mano. Ni IU, ni psoe, ni pp (este es de esperar).
    Y por qué no se puede denunciar a título particular.

  5. antonio manuel

    abril, 2013 at 10:01

    Tienes razón. Sirva como ejemplo que un diputado ha vuelto a pedir a la Iglesia el pago del IBI por la Mezquita-Catedral. Bajo la apariencia de una petición revolucionaria se esconde una demagógica actitud conservadora: la aceptación de la apropiación ilegítima de la Mezquita-Catedral por la Iglesia Católica (sólo pagan los dueños de algo), en lugar de declarar que es patrimonio público de todos (en consecuencia, exento de pago)

  6. ketasen

    abril, 2013 at 10:01

    La iglesia católica no solo se ha apropiado de la mezkita de Córdoba sino, de otras muchas iglesias y edificios anexos a lo largo y ancho del país con el beneplácito, la complicidad o la desidia de nuestros gobernantes y, encima sin pagar por ello absolutamente nada. Ya sería hora de que las cosas se enmienden y se les obligue a devolver al pueblo o al estado que somos todos y somos quienes lo pagamos, todo lo que por derecho y legalidad NO les pertenece.

  7. XS

    abril, 2013 at 10:01

    Y no sólo la Iglesia Católica, Telefónica, las líneas de cobre, muchos hospitales, etcétera, han sido y siguen siendo ROBADOS a diario bajos muchos nombres como “privatización”.

  8. Santi

    abril, 2013 at 10:01

    Y que haya gente que dedique el tiempo a “investigar” estas cosas…

    ¿Por qué no dedicáis vuestro tiempo a algo más productivo? En serio, pensad que algún día moriréis. Es el único destino que compartimos todos, sin distinción: la muerte. ¡Aprovechad la vida y haced cosas productivas!

    Os empeñáis en aplicar, con calzador si es necesario, la legislación española actual a hechos producidos cuando la España de hoy no estaba ni “pensada”.

    Cristianos construyeron su templo (la catedral) sobre un templo islámico (la mezquita), y a su vez los árabes construyeron su templo (la mezquita) sobre un templo cristiano (la basílica de San Vicente Mártir). Y seguramente esa basílica se construyó sobre otro templo primitivo.

    Pero eso no es algo que sólo pase en Córdoba. La Historia (con mayúsculas) está plagada de hechos como éste: una cultura construye sus centros (religiosos, políticos, etc.) sobre los centros de la cultura anterior. No hay más. No perdáis el tiempo.

    Dejáos de tonterías. ¿No podéis, simplemente, disfrutar de la extraordinaria combinación de arte cristiano y musulmán que tenemos? ¿Tenemos que buscarle siempre las cinco patas al gato y pelear por cojones?

    • Silvia

      mayo, 2013 at 10:01

      Tienes un error de bulto o por ignorancia o por querer confundir y manipular la historia: el templo que había antes de la mezquita era arriano, cristiano-arriano… y los arrianos no creían en Jesús como Hijo de Dios y si como Profeta, como los musulmanes…

      (Al-Andalus no fue una invasión, fue una revolución cultural)

      Robar, aunque todos nos muramos algún día, está mal. El monumento de Córdoba y los 8 millones de euros que factura, en vez de ir a la ciudad de Córdoba, al ayuntamiento, se los quedan los curas tras haber arruinado CajaSur.

      Hay que ser tonto para aplaudir, Cristo no robaba, hay que ser tonto o ladrón para defender ciertas actitudes de la curia cordobesa…

      • JoseLe

        mayo, 2013 at 10:01

        si Cristo levantara la cabeza, expulsaría de la sociedad, a latigazos, a la actual iglesia católica vaticana, como hizo en el templo con los mercaderes
        pidamos que venga y nos los quite de encima, ya que nosotros no somos capaces

      • Swin

        septiembre, 2013 at 10:01

        La que por ignorancia o por querer confundir y manipular la Historia y de paso arrearle a la Iglesia (ojo que estoy lejos de ser católico, cristiano ni en general religioso de ningún tipo) tiene un error, o mejor, dos errores o alguno más de bulto, eres tú: 1) Donde has leído tú que el arrianismo no considere a Jesús Hijo de Dios? Claro que lo considera, lo que no considera es que sea Dios mismo, que sea una misma persona. Además, dónde has visto tú en el texto de la persona a la que respondes que diga que el templo de San Vicente Mártir sea católico? Dice que era cristiano, sin más, sin especificar… ¿Tú sabes la cantidad de ramas y sectas cristianas que existían en esa época, alguna de las cuales se unieron y otras se siguieron separando? Tras la toma de Córdoba Iglesia cristiana en España (ah, no, que me vas a salir con que España no existía en esa época… aceptemos pulpo…) solo había una. 2) Que Al-Andalus no fue una invasión sino una revolución cultural??? Mira, háztelo mirar, y que conste que me alegro de esa “revolución cultural” porque gracias a ello soy lo que soy, pero primero, al-Andaluz no es ni una revolución ni una invasión, es un territorio, que su toma haya sido fruto de una invasión como la romana o de una revolución interna como la Ilustración francesa es otro tema. En cuanto al tema, que digas que Al-Andalus no fue fruto de una invasión (tras la cual se dio una revolución cultural y bla,bla,bla muy bonita y todo eso, de acuerdo…) es desconocer completamente tu historia… o sea, que Gibraltar se llama así porque Tariq llegó esa piedra invitado por los cristianos que la habitaban, que los 9000 personas que se trajo no eran soldados, sino perfumistas y carpinteros, que Rodrigo no murió en la Batalla de Guadalete, sino de un infarto mientras jugaba al ajedrez con Tariq, y que los visigodos no fueron derrotados, sino invitados a retroceder… De verdad, lo que hay queleer con tal de justificar ataques gratuitos a ciertos gremios…

        • SecretOlivo

          septiembre, 2013 at 10:01

          Hola Swin. Un dato: en el registro de la mezquita hay un documento que confirma el pago de la parte del templo arriana por parte de los musulmanes. Sobre el resto que comentas, seguramente te guste leer Historia General de Al-Andalus. de Emilio González Ferrín. Editado por Almuzara. Gracias por pasarte a comentar

  9. Paco

    abril, 2013 at 10:01

    Muy interesante. Muy buen trabajo Antonio Manuel. Este tema, es un tema que yo creo que interesaria a muchos cordobeses. Habría que montar una plataforma en defensa de nuestro patrimonio, y arrebatarle de una vez, la joya de la corona del patrimonio cordobes, a este estado extrajero que es el Estado del Vaticano. Una ciudad como Córdoba, que practicamente es un desierto en industria, y que la poca que hay es turistica, no hay derecho, que el mayor negocio de esta industria, no deje sus beneficios aquí. Ya esta bien, un poco de dignidad, hay que poner en su sitio a esta mafia de las sotanas. Aún me duele, cada vez que pienso como se hicieron con la Caja Provincial de Córdoba, 360.000 millones de pesetas, de dinero publico(o sea de todos los cordobeses), que se chuparon con el cuento de una supuesta fusión, y que no fue otra cosa que el mayor robo organizado en la historia de esta ciudad.

    Pero bueno, volviendo al tema de antes. Desde aquí, hago un llamamiento, a que los cordobeses nos organicemos para recuperar lo que nos pertenece.

  10. Eulalio

    agosto, 2013 at 10:01

    La verdad es que parece un argumento muy bien pergeñado. De modo que la JA ya bien podía hacerlo suyo, dudo que el Ayuntamiento de Córdoba lo haga, y a reclamar los bienes de titularidad pública. Ah y paso que paguen tributos, como todo hijo de vecino.

  11. Alfredo

    octubre, 2013 at 10:01

    Y digo yo,esto tiene que ser asi,por los siglos de los siglos?.Que jilipollas y poca sangre tenemos los españoles !

  12. Antonio Tolosa Peyrán

    enero, 2014 at 10:01

    Para mí no hay debate, salvo el que algunos giliprogres, secuela de la Alianza de Civilimamones, especialmente españoles conversos a la secta de Mahoma, quieran impulsar para mayor gloria de Alá. El templo, para empezar, NO ES una mezquita. Si lo fué, desde mediados del siglo VIII hasta la reconquista de Córdoba mediado el XIII es decir, 500 años escasos. Después y hasta la fecha, ya no, nunca más porque volvió a ser lo que antes fue: el templo cristiano central de Córdoba, desde entonces constituido en sede catedralicia, es decir obispal, y por lo tanto catedral. Esa mezquita se levantó sobre una basilica cristiana usurpada y reconvertida. Por lo tanto tenemos que de los alrededor de 1700 años de su existencia, solo ha sido mezquita durante casi 500 años y por imposición de los invasores. ¿Qué legitimidad supone eso para reclamos actuales? Ninguna. Como lo de la ceniza y la cruz en el suelo. Este no es un país islámico, pero si a los musulmanes (una minoría religiosa) se les permite -por tolerancia- tener mezquitas ¡que construyan las suyas propias! ¿Que es un monumento nacional? Si. ¿Que el ayuntamiento lo quiere explotar comercial y turisticamente? Bueno, tambien la catedral de Sevilla o de Toledo o de León o de Burgos o de … etc. son monumentos nacionales y pertenecen a los obispados. Justo es que si tienen visitantes y pagan por sus visitas vaya la recauación al sostenimiento y mantenimiento de dichos monumentos.
    El tendencioso articulito además, con mala baba y mintiendo insidiosamente, habla del IBI. La iglesia no paga IBI, cierto, pero en el Estado español NO ES la única institución exenta LEGALMENTE. Ver cartel adjunto (Fundaciones, asociaciones, partidos politicos, sindicatos, federaciones deportivas ni las comunidades EVANGÉLICAS, HEBREAS o MUSULMANAS…. Pero se le ve tanto el plumerete al autor que nosotros si nos damos cuenta de la falacia, sofisma y boutade o perogrullada que suelta cuando dice que la Iglesia la inscribió a su nombre y que la ocupaba de hecho sin pagar el IBI. Pues claro, si no constaba de hecho como propiedad ¿cómo iba a pagar el IBI si este impuesto grava al titular propietario a uno de enero de cada ejercicio? ¿Que la inscribieron a su nombre? ¿Y a cual iban a hacerlo?¿al del padre del autor del artículillo? Si han tenido la propiedad por concesión real, que consta fehacientemente, según los usos y legalidad vigentes en la época, como muchas otras propiedades que han llegado a nuestros días, cuyas escrituras se encuentran en los archivos desde hace siglos, no está nada mal que lo legalicen oportunamente según la normativa vigente, dada la cantidad de listos y avispados (por ejemplo españoles conversos) que hay por el mundo sueltos, para prevenir males mayores. Discusión zanjada para mí. El resto es rizar el rizo, marear la perdiz o buscar tres pies al gato.

    • SecretOlivo

      enero, 2014 at 10:01

      No admitimos insultos.

  13. Yolanda

    mayo, 2014 at 10:01

    Estoy tan indignada q no sé si podría estarlo más. Por favor, podrías indicarnos qué podemos hacer al respecto. Cómo podemos parar esto? A quien se puede recurrir? al constitucional? hay en marcha alguna demanda judicial o sólo cartas como la tuya o firmas en change.org?

  14. Carolina

    enero, 2015 at 10:01

    desamortización o desinmatriculación, la iglesia se ha apropiado de patrimonio de todos los cordobeses y andaluces que mantienen con sus impuestos este monumento mundial. Es indignante el intento cutre y hortera, malintencionado y provocador de querer borrar la memoria de tolerancia de la ciudad de Córdoba. Un escándalo, y de los mismos curas retrógrados que arruinaron CajaSur jugando a ser Blesa. Muy cristiano todo.. Vergüenza. Pidan factura cuando les cobren, y si no se la dan pidan hojas de reclamaciones, verán que rápido les devuelven el dinero. Y ahora registran la palabra mezquita (en plan comercial) y se han llevado una denuncia de cervezas Mezquita (de Mahou, propietarios de Alhambra)

  15. qwerty

    febrero, 2015 at 10:01

    Una lección de historia interesante. Ahora bien, jurídicamente, a mi modo de ver, no se sostiene por ningún lado.

    Comencemos.

    PRIMERO.

    (Para este argumento, aceptaremos la mayor; es decir, la premisa de que la Mezquita era, efectivamente, en el S XVI, un bien de dominio público. Cosa que negaremos posteriormente).

    Pues bien; El primer argumento, y más evidente y palpable, incluso para alguien lego en Derecho, es su intrínseca contradicción.

    Intentando explicarme: Se atribuye calificación de un bien como integrante del dominio público, en base al hecho de que el Obispo necesitara autorización real, en el SIGLO XVI, para realizar obras en la Mezquita. Es decir, se equipara la necesidad de autorización, y el carácter demanial de los bienes.

    En concreto, literalmente, se dice lo siguiente: “no era competencia del Obispo decidir en exclusiva sobre el monumento. No era suyo. La disputa final la resolvió Carlos I. El Rey. El
    poder central. En consecuencia, se trata de un bien de dominio público, patrimonio de la Humanidad”. (Nótese, el, como se demostrará, falaz- “en consecuencia”).

    Por el mismo razonamiento, siendo que el Obispo no necesitó autorización durante los casi 5 SIGLOS posteriores (pues así no se justifica), parece más que evidente (se reitera, siguiendo su mismo razonamiento), que dicho bien perdió el carácter de demanial hace bastante tiempo. Si necesidad de autorización equivale a demanio; de manera inevitable, y a contrario sensu, una falta de necesidad de autorización, equivale a NO demanio.

    Supongo, sin embargo, que intentará argüir que los bienes de dominio público no pueden perder este carácter por el transcurso del tiempo. Tal argumentación, si pretendida, es absurda.

    En primer lugar, por atentar contra el más mínimo sentido de la lógica. Siguiendo este mismo razonamiento, si Pericles, en el S V a.C., hubiera declarado cierto bien, monumento, paraje, etc. como de dominio público, dicho bien nunca podría ser adquirido por nadie, desde hace XXV siglos y hasta hoy; y no podrá serlo en los siglos venideros. Es decir, que el trozo de terreno en que el Griego de turno tiene hoy su casa, su parcela de recreo, o su finca de labor, pues resulta que no es suyo, puesto que nunca lo podría haber adquirido, por pertenecer al demanio Estatal griego, ya desde hace XXV siglos. A todas luces tal pretensión carece de fundamento. (¿Acaso alguien va a pretender que la atribución de un bien del carácter de demanial le confiere dicho carácter ad perpetuam memoriam, per secula seculorum? No resulta admisible).

    En segundo lugar, la argumentación también es falaz, porque ignora algo evidente, como es los sucesivos cambios en las estructuras sociales, jurídicas, económicas y políticas que tuvieron lugar desde entonces (que no fueron pocos). El hecho de que el bien pudiera considerarse de dominio público en el S. XVI (cosa que negaremos, como dijimos), no implica que lo fuera en el S XVII, XVIII, o más aún, en los S XX o XXI. Ignorar los hechos históricos
    como si la historia jurídica (aunque también la política, social o económica) fuera un continuo inmutable (de tal manera que, lo que fue realidad jurídica en un tiempo, ha seguido siéndolo en lo sucesivo, de manera inevitable) es un ejercicio de fantasía jurídica e imaginación creativa tan extraordinario como inadmisible. Cada Derecho hay que entenderlo en su contexto, y sólo en él.

    SEGUNDO.

    El segundo argumento, también elemental, se funda en la falta de justificación del carácter de dominio público de la Mezquita en el S XIX.

    El que el Obispo necesitara en aquél tiempo consentimiento del REY para realizar obras en la Mezquita (o Catedral, a mí eso me da igual, yo estoy discutiendo la argumentación jurídica), no prueba en absoluto que se tratara de un bien del Estado, MUCHO MENOS, un bien de dominio público. De acuerdo con el Derecho y concepciones de la época, podrían existir numerosas justificaciones a esta necesidad de autorización, sin que ello implicara el carácter de dominio público de los bienes (por ejemplo, si resultara aplicable alguna figura jurídica inexistente en la actualidad, como los iure regalia; o bien la costumbre de la época en las relaciones Iglesia-Estado; o bien algún pacto o convenio existente entre la Iglesia-Estado; o en fin, el simple capricho de un monarca todopoderoso).

    TERCERO.
    Pero es que AÚN MÁS; la Mezquita no podía ser bien de dominio público en el S XVI, simplemente, porque dicha categoría jurídica no existía en aquél tiempo. La categoría dogmática de los bienes de dominio público es una creación moderna, que surge en el S XIX,
    y que responde a unas concepciones jurídicas, una realidad histórica, un desarrollo del Estado, etc. que nada tienen que ver con las del siglo XVI. (Incurre, otra vez, en contradicciones, puesto que intenta aplicar conceptos modernos a realidades pasadas, lo cual, desde un punto de vista científico-histórico, es algo completamente ilegítimo.)

    CUARTO.
    Pero es que, AÚN MÁS. Aunque aplicáramos el concepto de bienes de dominio público a realidades del S XVI, la Mezquita de Córdoba NO sería un bien de dominio público.

    En primer lugar, porque la necesidad de autorización real nada prueba, como hemos dicho, el carácter de dominio público o de titularidad estatal de los bienes; sino que prueba implemente eso: la necesidad de autorización.

    (En realidad, este hecho parece más bien refrendar la argumentación contraria. Siendo que el Obispo puede realizar por sí sólo toda clase de actos de administración, conservación, mejoras, (quizás obras menores),etc. más evidente parece que la titularidad del bien corresponde al Obispo, quien simplemente necesita una licencia regia o beneplácito de rey para realizar CIERTOS actos que impliquen una modificación sustancial de dicho bien. En todo caso, podría pensarse que la Mezquita quedaría sometida a un régimen especial, de titularidad o administración conjunta, pero que no le otorgaría en absoluto el pretendido carácter demanial).

    Y en segundo lugar, porque aún aceptando que los bienes fueran de titularidad estatal, no por ello son bienes de dominio público. En efecto, los bienes de dominio público no son simplemente aquéllos del Estado o de titularidad pública, sin que son aquéllos que,
    “siendo de titularidad pública, SE ENCUENTREN AFECTADOS AL USO GENERAL O AL
    SERVICIO PÚBLICO, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales” (artículo 4 Ley PAP). Es decir; lo que otorga el carácter de demanial a los bienes no es su titularidad, sino su FINALIDAD. En consecuencia, y teniendo en cuenta que ninguna Ley ha otorgado expresamente el carácter de demanial a la Mezquita, sería preciso que hubiera estado destinada a un uso general o a un servicio público, desde el S XVI y hasta hoy (y sin interrupciones), para que alguien pudiera pretender atribuirle dicho carácter demanial. COSA QUE NO OCURRE (y mucho menos, ha ocurrido de forma ininterrumpida desde el S XVI).

    QUINTO.

    El medio inmatriculador es inconstitucional, eso no lo niega nadie. El TS ya lo ha declarado así, y todo Registrador de la Propiedad debería proceder a la denegación del asiento por quien pretendiera su práctica en base a la certificación del 206 LH.

    Pero, más allá de este requisito FORMAL (que no sustantivo), la propiedad de la Mezquita no puede ser de nadie sino de la Iglesia.
    Y ello con base al siguiente razonamiento:

    En primer lugar, porque, tras la entrada en vigor de la Constitución, dada su aconfesionalidad, los bienes destinados al culto católico no pueden ser equiparados o considerados como de dominio público por sólo este hecho. Es decir, que el culto católico no puede ser considerado como un servicio público.El culto católico, en un Estado aconfesional, no es más servicio público que una discoteca. El simple hecho que los fieles disfruten gratuitamente de oficios y misas en la Mezquita no puede, por lo tanto, otorgarle en modo alguno el carácter de dominio público a los bienes.
    Para que ello fuera posible sería necesario que se hubiera producido una ESPECIAL o específica afección al servicio general o al uso público. O también, podría haberse iniciado el correspondiente expediente, y proceder a la declaración de la Mezquita como bien de interés cultural, de conformidad con la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Pero, guste o no guste, nada de esto se hizo. (y mira que tuvieran tiempo)
    Antes bien, ha ocurrido exactamente lo contrario. La Iglesia ha administrado estos bienes; los ha gestionado; los ha conservado; ha introducido mejoras; ha realizado obras; ha estado cobrando entradas, etc. Es a todas luces evidente que en ningún caso ha habido afección al uso general o servicio público. (La prueba más evidente de ello es que la Iglesia ha realizado todos estos actos por sí sóla; sin que haya habido la correspondiente concesión administrativa, que se habría exigido si, en efecto, el bien fuera del dominio público).

    (NOTA. Pero es que es más. Hubo reiterados reconocimientos del derecho de propiedad de la Iglesia por parte de los poderes públicos. En un artículo que encontré sobre este mismo tema,se declara lo siguiente: “Sin embargo, la propia Junta de Andalucíareconoció en 1991 que la Iglesia era la dueña de dicha Catedral, y lo hizo en un convenio por escrito, firmado siete años antes de que el gobierno de Aznar permitiese a la Iglesia inscribir sus lugares de culto en el Registro de la Propiedad, algo que la legislación anterior no permitía, de forma inconstitucional y perjudicial para la Iglesia Católica. La Junta volvió a reconocer al
    Cabildo Catedralicio como propietario de dicha Catedral en 2003, tres años antes de que la Iglesia procediese a su inmatriculación (acto con el que se limitó a constatar en el citado Registro una propiedad ya existente desde hacía siglos, propiedad perfectamente
    documentada). La Junta andaluza no fue la única autoridad política del PSOE que hizo tal cosa: en abril de 2006 la entonces Ministra de Cultura, Carmen Calvo, dijo sobre dicha Catedral en referencia al Cabildo y a la Iglesia: “ellos son los propietarios”.)

    En consecuencia, su régimen jurídico, en principio, debería ser el de las reglas ordinarias del dominio.

    (NOTA: Y aunque pudiera pretenderse la titularidad del Estado sobre el bien -de tal manera que la Iglesia simplemente tendría facultades de posesión, disfrute y administración sobre la Mezquita, pero no dominicales- dicha titularidad sería en concepto de bien patrimonial, y no de dominio público; por lo que sí sería susceptible de ser adquirido por usucapión).

    En TODO CASO, lo que sí se ha producido, es una posesión pública, pacífica, e ininterrumpida, en concepto de dueño (y así reconocido expresamente por el poder público y el Estado, como dijimos) durante más de 30 años. Es decir, una usucapión extraordinaria, que no es ningún privilegio injustificado de la iglesia, sino un modo legítimo de adquirir, al amparo del artículo 609, y 1930 y ss CC.

    SEXTO.
    En base a todo ello, si el Estado pretende que la Mezquita se un bien de todos los españoles, y no de la Iglesia Católica (cosa que me parece bien, puesto que se trata de un bien de interés cultural que debería formar parte del patrimonio de todos), deberá proceder a la previa expropiación del dicho bien; pero ello implica, por imperativo constitucional, el pago de su justa indemnización (33 CE).

    Lo contrario sería (siempre, por supuesto, a mi entender) un ejercicio abusivo y caprichoso de poder. Un acto de aribtrariedad insostenible (proscrito por el artículo 9.3); un acto propio de estados totalitarios, que en vez de regirse por normas, se rigen por sentimientos y puros voluntarismos; Un ejercicio de abuso intolerable para quien sea firme defensor de la democracia, y del Derecho.

    partir de este momento, en la argumentación, me remito a este link, para que lo lea quien quiera, pues pone de manifiesto y en evidencia actitudes de partidos y medios de comunicación que rayan lo obsceno.

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