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La última colonia de África

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La última colonia de África

«Declaración de Apoyo al Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el Derecho de Autodeterminación para el Pueblo del Sáhara Occidental, la última colonia de África»

Hace diez años, el 10 de octubre de 2010, en la primera manifestación masiva de lo que se conocería como la Primavera Árabe, miles de saharauis que protestaban contra la represión y la discriminación por la ocupación ilegal marroquí de su país establecieron una ciudad de tiendas de campaña en Gdeim Izik, a la que llamaron el Campamento de la Dignidad.

Durante más de cuatro semanas, los manifestantes crearon un modelo pacífico, funcional y democrático de lo que podría ser su país. A pesar de la naturaleza completamente no violenta de la protesta, las fuerzas de ocupación marroquíes la sitiaron, hostigaron a los que entraban y salían, y finalmente destruyeron el campamento, matando a varios manifestantes, arrestando a cientos y golpeando a decenas de otros.

El ataque fue condenado por la Unión Africana y por el Parlamento Europeo, las organizaciones de derechos humanos y muchos gobiernos de todo el mundo. Aun así, los tribunales marroquíes condenaron a 25 saharauis a penas graves por lo que abogados, observadores externos y organizaciones internacionales los consideraron juicios injustos.

Durante años, los saharauis de diferentes sectores de la sociedad han participado en protestas, huelgas, celebraciones culturales y otras formas de resistencia civil contra la ocupación marroquí de su país, centrándose en cuestiones como la política educativa, el empleo juvenil, los derechos humanos, la liberación de presos políticos y el derecho a la libre determinación.

Estas actividades se han encontrado habitualmente con la violencia de las fuerzas de ocupación marroquíes, con el uso generalizado de palizas, tiroteos, encarcelamientos y torturas de defensores y defensoras de derechos humanos. Mientras tanto, el gobierno marroquí ha introducido ilegalmente a muchas decenas de miles de colonos marroquíes en los territorios ocupados, alterando drásticamente la demografía del Sáhara Occidental, institucionalizando aún más la discriminación contra la población indígena saharaui, al tiempo que saquea los recursos naturales que les pertenecen.

La Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de la ONU y la comunidad internacional en su conjunto reconocen al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo al que, en virtud del derecho internacional, debe concederse el derecho de libre determinación, incluida la opción de independencia.

En caso de que no se revierta la anexión ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, establecerá un precedente peligroso en violación de la doctrina internacional de larga data que prohíbe a los países ampliar sus territorios por la fuerza.

Las fuerzas armadas del Frente Polisario, el unico representante del pueblo saharaui reconocido por la ONU, han respetado el alto el fuego de 1991, establecido a cambio de un referéndum prometido, supervisado por la ONU, para que el pueblo saharaui decidiese sobre su porvenir y el de su territorio, pero Marruecos se ha negado insistentemente a permitir que se llevara a cabo el plebiscito.

Esta negación del cumplimiento del derecho internacional, la paralización de los canales de diálogo entre las partes, la represión en curso de la resistencia no violenta y el hecho de que las Naciones Unidas no hagan cumplir sus resoluciones pueden contribuir a la creciente desestabilización en toda la región. Las naciones occidentales han expresado durante mucho tiempo su preocupación por el surgimiento de movimientos en el mundo árabe e islámico que han abrazado el extremismo religioso y se han dedicado al terrorismo.

El hecho de no apoyar la campaña secular no violenta de autodeterminación en el Sáhara Occidental sólo alentará las tendencias extremistas enviando el mensaje de que «la no violencia no funciona» y de que las naciones occidentales están dispuestas a aceptar la supresión de los movimientos democráticos no violentos por parte de gobiernos autocráticos aliados. En los últimos dos años, las luchas populares prodemocráticas han derrocado un régimen muy represivo en Sudán y han desafiado a varios gobiernos de la región. En la década transcurrida desde la primavera árabe, el deseo de justicia social y libertad política sigue siendo fuerte en todo el mundo árabe, incluido el Sáhara Occidental, y debe ser apoyado.

Nosotros, académicos de diversos campos de diferentes naciones, pedimos a las Naciones Unidas y a nuestros gobiernos individuales que honren la memoria de Gdeim Izik en su décimo aniversario al tomar medidas concretas para garantizar el derecho de autodeterminación por parte del pueblo del Sáhara Occidental, avanzando con el prometido referéndum supervisado internacionalmente que permite a los saharauis determinar llibre y justamente su propio futuro. Sólo entonces será posible restaurar la dignidad que se les sigue negando.

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