Virgen Extra

Fronteras que desprotegen

Fotografía de Marcos Moreno.

Fronteras que desprotegen; Ceuta y Melilla

Por Emma Martín Díaz

En la madrugada del 6 de febrero de 2015, 15 inmigrantes mueren ahogados mientras intentaban bordear el espigón que separa España de Marruecos. No es un suceso novedoso, desde que a finales de los años 80 del siglo pasado el estrecho de Gibraltar se convirtiera en uno de los pasos más frecuentados por las personas en tránsito desde África hacia Europa la cifra de muertos y desaparecidos en sus aguas se sitúan en torno a las dos decenas de miles, según las fuentes. Sin embargo, hay un importante salto cualitativo en la forma en que estas muertes son percibidas por el conjunto de la sociedad. Cuando en el año 1988 aparecieron los primeros ahogados en la playa de Los Lances, en Tarifa, y hasta la tragedia del 5 de octubre de 2003, con 37 ahogados frente a los pinares de Rota, la reacción mayoritaria tanto de los medios de comunicación como de la mayor parte de la sociedad civil se ha caracterizado por la solidaridad con los ahogados y sus familiares. A finales de los años 80 aparece un movimiento por los derechos civiles que llega a plantearse la insumisión frente a la Ley de Extranjería de 1985, y que es el germen de la mayor parte de las actuales ONGs que trabajan con los inmigrantes y en las fronteras en el momento actual. La tragedia de Rota, por su parte, dio lugar a la creación de la Fundación Solidaridad Directa, promovida por algunos de los testigos de la misma, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de la localidad marroquí de Hansala1, de la que procedían los fallecidos, para evitar que nuevos vecinos vuelvan a dejarse a vida en el intento.

Lo más interesante de estos ejemplos de solidaridad es que provienen de la convicción de que la gente tiene derecho a buscar mejores condiciones de vida, y que ninguna medida de control de flujos, que no son objeto de discusión por estos movimientos por mucho que la demagogia los presente como irresponsables partidarios de la apertura total de fronteras, puede conllevar la puesta en riesgo de vidas humanas. Del mismo modo, la solidaridad que inspira estas acciones está basada en la dignidad de las personas y en el reconocimiento de sus derechos, inclusive el derecho de asistencia y socorro frente a leyes que niegan estos derechos. Suponen, por tanto un reconocimiento del otro como sujeto, y este reconocimiento es, o mejor dicho, debería ser, el punto de partida para una política migratoria que busque regular los flujos.

Más interesantes resultan estos ejemplos si tenemos en cuenta que, incluso cuando las tasas de inmigración eran irrelevantes desde el punto de vista cuantitativo, la imagen de la “invasión” estaba presente tanto en los discursos mediáticos como en los políticos, casi siempre referidos en exclusiva a esta inmigración africana, y ello incluso en los momentos en que los aeropuertos y las carreteras registraban una entrada mucho mayor de inmigrantes en situación de irregularidad provenientes de otros continentes y países. Y es que dentro de la construcción social del “nosotros” frente a los “otros” los africanos han constituido el paradigma de la más radical otredad. Podemos decir que en la supuesta balanza que estos imaginarios construyen sobre la inmigración, el fiel se inclina hacia la solidaridad, o al menos, la compasión, en lugar de hacerlo hacia el lado de la competencia y la xenofobia, al menos en los casos de muerte. En la Europa de los inicios del siglo XX la muerte de inmigrantes que buscan llegar a sus costas es vista como un precio inaceptable que una parte significativa de la sociedad no está dispuesta a pagar.

La respuesta de las autoridades europeas y españolas a este estado de cosas es la externalización de sus fronteras. Es decir, llevar la política de control de flujos, con su colorario de muertes y de exacerbación del racismo, a los países que eran punto final del tránsito hacia sus costas. Para ello, se arbitran tratados de colaboración en los que se desplaza una parte importante de las partidas destinadas al control de las fronteras propias a estos nuevos países fronterizos. En muchas ocasiones estas partidas son consideradas como parte de la ayuda al desarrollo de estos países, y si alguien se escandaliza por esta consideración, debe saber que dentro de la convocatoria de ayudas de EuropeAid del año 2008, el mayor programa de ayuda al desarrollo de la Comisión Europea, el organismo español que se llevó la mayor subvención fue precisamente el SIVE (el Servicio de Vigilancia del Estrecho de la Guardia Civil). La razón: su papel fundamental en la lucha contra las mafias de la inmigración y la prevención del tráfico de personas.

Esta externalización permite a las autoridades europeas y españolas descargarse del trabajo sucio de contención de la inmigración y, por tanto, poder presentarse como ajenas a los abusos que se comenten en estos países. Así, si ocurre una tragedia, la culpa es del gobierno del país del que parten las embarcaciones. Por otra parte, el énfasis en los discursos sobre la proliferación de las mafias del tráfico de personas y de las redes de trata legitima la conveniencia, e incluso la necesidad, de mecanismos de control, al mismo tiempo que, de manera colateral, niegan, o minimizan, la libertad de circulación y los derechos asociados a la misma. La vida de los personas es puesta en peligro y sus derechos dejados en suspenso… para protegerles de las redes de explotación. Es difícil imaginar una mayor perversión de los conceptos.

Iniciaba este artículo planteando que el tratamiento mediático y político del ahogamiento de las 15 personas en febrero de este año implica un salto cualitativo en la forma en que es percibida esta tragedia. Si hasta ese momento había primado la reacción de rechazo, repulsa y condena de los abusos de autoridad, aquí aparecen nuevas claves que van a provocar transformaciones importantes en las representaciones sociales sobre la inmigración. En primer lugar, estos hechos, y en general, todos los que tienen lugar posteriormente en la frontera de Ceuta y Melilla, demuestran la dificultad de una externalización real de las fronteras en el caso específico de España y Marruecos. Como denunciaron las ONGs y algunos juristas especialistas en derecho migratorio, la zona en la que se encontraban los inmigrantes está bajo la jurisdicción del Gobierno de España. Frente a esta situación, la respuesta del Gobierno fue agilizar la expulsión inmediata de los que se encuentran en estos terrenos, las llamadas “devoluciones en caliente”, que han sido denunciadas como contrarias a la propia Ley de Extranjería, pero que se siguen practicando incluso en los numerosos casos en los que las personas provienen de países en conflicto, lo que les convierte en potenciales solicitantes de asilo, y, por tanto, sujetos de las garantías correspondientes a este derecho. A este hecho hay que añadir que los propios medios de comunicación en su tratamiento de la noticia se decantan por subrayar, no el exceso de la actuación policial y la responsabilidad gubernamental precedente o subsiguiente, sino el riesgo que supondría la entrada de estas personas en el Estado español. En concreto, la portada de El País del lunes 17 de febrero, en el que, citando como fuente un informe de inteligencia sobre la “presión migratoria”2 se destaca que “30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla” es suficientemente significativa al respecto. La propia tragedia y las responsabilidades que se derivan de la misma quedan desdibujadas frente a la imagen “fuerte” de la presión. Sólo los medios alternativos presentan una versión discordante de esta representación.

A partir de este momento, la imagen hegemónica de los discursos mediáticos y políticos se va construir sobre estas premisas, convirtiendo en “males menores” cualquier abuso o violación de los derechos humanos. Cuando a mediados de agosto el gobierno de Marruecos relaja el control sobre sus fronteras y llegan a nuestras costas más de un millar de personas un nuevo hecho contribuye a la alarma social: la existencia de una epidemia de ébola en algunos países centroafricanos se conjuga para dar a esta llegada un toque extra de alarmismo3. Por otra parte, las expulsiones continúan, aun conociendo las denuncias de malos tratos, detenciones arbitrarias, ataques e, incluso muertes que tienen lugar en el territorio marroquí. Y para los que llegan a la Península la situación no es mejor: son recurrentes las denuncias sobre malos tratos a menores y privación de libertad de los trasladados, hasta el punto que no son pocos los expertos que definen a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) como los campos de concentración del siglo XXI. La situación llega al punto de que el recientemente nombrado Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Husein, en su discurso de toma de posesión del cargo el pasado 8 de septiembre efectúa un firme toque de atención a las deficitarias políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea y de sus Estados miembros, con referencias concretas a la situación en Ceuta y Melilla. Situación que fue denunciada ante el Parlamento Europeo por Migregroup unos días antes, el 5 de septiembre.

El salto cualitativo al que he hecho referencia y que constituye el hilo conductor de este artículo no se limita a las actuaciones gubernamentales y al discurso mediático. En un contexto de crisis como el que estamos padeciendo resulta cada vez más evidente un deslizamiento hacia posiciones claramente xenófobas por parte de importantes sectores de la población española. El clima creado tanto por las instancias citadas como por la propia situación de desprotección, indefensión y pérdida de derechos experimentada en tan pocos años ha fomentado una transformación del imaginario del africano. Si el “otro radical” era al menos un sujeto, aunque diferente, las representaciones sociales actualmente predominantes los reducen a cuerpos extraños, “virus” que hay que temer y combatir4. Estamos ante una (re)racialización del racismo, ante el extrañamiento y negación de la condición de sujeto de inmigrantes y refugiados. Sin caer en paralelismos extremos, no resulta difícil ver en este proceso concomitancias con otros periodos cercanos de la historia europea. En este punto, puede resultar hasta cierto punto lógico, aunque éticamente inaceptable, que desde los poderes económicos y políticos (cada vez más entrelazados) se utilice a inmigrantes y refugiados como el chivo expiatorio que desvíe la mirada de los auténticos responsables de este estado de cosas. Sin embargo, y como ya se ha denunciado para otras épocas de racismo y exclusión, la ciudadanía es también responsable de permitir esta situación, por acción u omisión. En este sentido, y para concluir, resulta preocupante que desde las formaciones políticas que se plantean un nuevo modelo, o desde las que están en proceso de regeneración, una cuestión tan grave ocupe tan poco espacio, o ninguno. Este es, a mi juicio, un grave error estratégico, pero principalmente una irresponsabilidad ética que urge subsanar.

1 En estos hechos está inspirada la película Retorno a Hansala, de Chus Gutiérrez.

2 El entrecomillado es mío.

3 Pese a que es evidente, a poco que uno se pare a pensar, que es imposible que una persona contagiada llegue con vida a las fronteras de Ceuta y Melilla, habida cuenta la duración y dureza del viaje.

4 Las imágenes fotográficas de las personas encaramadas a la valla, en las que no se ve sus rostros, contribuyen en gran medida a reforzar esa imagen de cuerpo extraño y peligroso. La idea del “salto” tampoco contribuye precisamente a revestir a estas personas de dignidad.

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