Cuestión de Estado

Publicado en octubre, 2013

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual pertenece al sistema de garantías español, ha provocado una gran crispación en los sectores más conservadores y los grandes medios de comunicación de nuestro país, dejando en evidencia la falta de coherencia política y de cultura democrática que reina en el Estado.

La labor de dicho tribunal es ajustar la interpretación que los tribunales nacionales hacen de la legislación propia a la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la cual es parte de la normativa que España aceptó al ratificar el Tratado de Lisboa. De este modo, la sentencia indica que la aplicación de la legislación que hicieron los tribunales españoles es contraria a los Derechos Humanos, por lo que debe ser modificada de inmediato.

He aquí la cuestión que plantea la falta de cultura democrática de algunos sectores de la sociedad española, ya que desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo se insiste al Gobierno para que no acate la sentencia, así como desde otros colectivos se habla de injerencia extranjera. Pero es que la sentencia tiene carácter completamente vinculante, como bien ha aceptado hoy la Audiencia Nacional. Además, no es el Gobierno de la Nación quien debe acatarla, sino los tribunales en la interpretación de las leyes, sabiendo que la forma de aplicarlas hasta ahora ha sido incorrecta.

Según la Constitución Española y la teoría de separación de poderes, los poderes políticos tienen dos vertientes, por un lado el poder ejecutivo, el Gobierno, y por otro el poder legislativo, el Parlamento. Es decir, los poderes plenamente políticos tomaron sus decisiones hace años y legislaron como creyeron conveniente en representación de la soberanía nacional y aquí acaba su labor en este aspecto. Pues corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales que la ley determine realizar su interpretación y aplicación, no pudiendo en ningún caso realizarse injerencias por los poderes políticos en las decisiones del Poder Judicial. De manera que el Gobierno y el Parlamento podrán tomar una posición contraria a la decisión del TEDH pero de no podrán someter al Poder Judicial.

Tras esta explicación sencilla y escueta del funcionamiento, o del cómo deberían funcionar los poderes del Estado, cabe realizar diversas reflexiones de la conmoción política que está suponiendo el pronunciamiento del TEDH.

Observamos cómo se intenta culpar de la decisión al Tribunal Europeo y a algunos de sus integrantes, cuando su labor se ha limitado a realizar una corrección de la interpretación de las leyes, para que estas se adecuen a los DDHH. De modo que aunque pensemos que las penas efectivamente cumplidas (es decir, los años pasados en prisión) son severamente desproporcionadas, los responsables de ello no son los jueces o los tribunales de cualquier instancia, sino el poder legislativo que en su día aprobó y no modificó una legislación que no responde a las exigencias sociales sobre el asunto. Es obligación de todos los miembros del Poder Judicial someterse a las leyes. Sin embargo, con el fin de no sufrir una convulsión social como la que vivimos actualmente, no se cumplió dicha obligación para mantener en prisión a ciertos criminales. Así, vemos que la decisión que en su día tomó el Tribunal Supremo iniciando lo que se conocería desde entonces como la Doctrina Parot, no responde a motivos jurídicos si no puramente políticos y por ende contra legem, manteniendo en prisión a personas juzgadas y condenadas que, después de cumplir su condena, deberían haber sido puestas en libertad. Por lo que estamos ante detenciones ilegales por parte del Estado, o que supone una verdadera violación de la democracia y la justicia.

Lo que observamos en estos días no es más que una despolitización de la política y una politización de la justicia, que no responde más que a la intención de evadir responsabilidades. Estas se vuelcan en agentes ajenos al asunto, como el TEDH, los presos etarras, los jueces o incluso ciertos movimientos sociales. Es una práctica habitual en los últimos años y que coloca a nuestra democracia en una verdadera situación crítica. En definitiva, la desnaturalización del propio sistema democrático del Estado de Derecho, la violación continuada de las definiciones básicas del Estado y el funcionamiento que la Constitución determina.