La memoria y el olvido
Hablan de Justicia y democracia, hablan de paz y progreso mientras niegan los pilares más básicos que cualquier sociedad puede necesitar para poder avanzar, la Justicia.
Hablo de nuestra clase política, aquellos que una vez más se niegan a condenar el fascismo que gobernó España durante 40 años, los que no lo nombran y si lo hacen es con la boca pequeña.
Aquellos que posteriormente pretenden dar lecciones de moral y de cultura democrática a la ciudadanía, olvidando que para ello es necesario que exista Justicia.
España accedió a la democracia por uno de los caminos que el politólogo Alfred Stepan define como «redemocratización iniciada en el seno de un régimen autoritario», lo cual, el mismo autor define, tiene tres limitaciones:
- Los dirigentes autoritarios pueden tratar de revertir su decisión inicial de liberalización si la apertura del sistema político contribuye a gestar situaciones en las que el costo de tolerancia es mayor que el costo de represión.
- Pueden tratar de crear reglas formales e informales que garanticen sus intereses fundamentales, aún dentro del marco del régimen democrático que los sucede, por lo que solo se dará cabida a una democracia limitada (dicta blanda o democradura).
- El aparato de seguridad del régimen puede mantener intactas sus prerrogativas (que los crímenes se mantengan impunes).
Aunque el sistema contra el que miles de personas nos manifestamos diariamente nos intenta hacer creer que la llamada transición fue fruto de la presión social, del trabajo del pueblo escuchado por sus políticos, esto no son más que falacias y mentiras.
Y permítanme ser así de radical, pero las decisiones tomadas durante dicha época nos han traído consecuencias que pagamos diariamente. Desde luego, una de las más duras y vergonzosas es la impunidad que se proclamó sobre los crímenes cometidos durante el franquismo y cuyo intento de investigar y condenar ya han pagado varios personajes en la historia de la «democracia» de nuestro país.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal, una institución dependiente del Ministerio de Justicia, en un escrito presentado en la Audiencia Nacional, habla de la Ley de Amnistía de 1977, por la cual los crímenes quedarían perdonados. Además, creen innecesaria la orden de detención solicitada por la juez argentina que investiga las torturas durante el franquismo.
Parece cínico y vergonzoso que sea España quien use dichos términos. El país que ha juzgado a varios torturadores y sucios criminales de guerra, que ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El país que apunta con el dedo a «dictadores» de medio mundo y, sin embargo, el país que olvida a sus víctimas, que escupe sobre su recuerdo y su dignidad, impidiendo que los crímenes sean investigados, negándose a depurar responsabilidades y a expulsar de la actividad política a los miembros de tan repugnante régimen, aquellos que nos oprimieron y torturaron durante tantos años.
Somos un ejemplo de vergüenza internacional.
La propia ONU ha advertido esta semana al Gobierno de España al respecto. ¿Acaso en Alemania alguien se atrevería a menospreciar a alguna víctima del nazismo?
Sin embargo, nuestro país permite que miembros del régimen fascista hayan seguido manteniendo cargos políticos hasta el día de su muerte. Y hablan de la Ley de Amnistía, olvidando que los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, ya que la dignidad de las personas y los derechos humanos se encuentran por encima de cualquier ley.
Además de la prohibición explícita que el artículo 62 de la constitución de 1978 establece sobre los indultos generales, planteando una gran duda sobre la citada ley en el actual marco constitucional.
No es una cuestión de venganza, es una cuestión de dignidad. Una cuestión de Justicia.
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