Iniciativas

Carta a la ONU de la Comisión de la Verdad

Carta de la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del franquismo al Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas.

foto de Alberto Morante

foto de Alberto Morante

La Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, constituida por organizaciones de la memoria, de familiares y víctimas de la dictadura franquista y de la sociedad civil de todo el Estado español, quiere poner en conocimiento del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias la situación de desamparo jurídico y político que todavía sufren los familiares de víctimas de desapariciones forzosas como consecuencia del golpe militar y la dictadura franquista en España, en constante incumplimiento de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Estado Español.

Es por ello por lo que queremos solicitar, formalmente, una reunión con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones forzadas o involuntarias con motivo de su visita a España el próximo mes de septiembre. Queremos informar de la grave desprotección en que se ven sumidas las víctimas de los crímenes del franquismo y hacer llegar a este organismo la documentación que acredita nuestra denuncia.

A la vez, queremos solicitar el amparo de este Grupo de Trabajo para que inste a las autoridades españolas al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español en el ámbito de la protección a las víctimas de desaparición forzosa y, en concreto, de Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Internacional.

Esta plataforma, en nombre de las asociaciones, organizaciones y personas abajo firmantes, quiere ser la voz de las decenas de miles de familiares de víctimas de desapariciones forzosas que todavía hoy no han visto atendidos sus derechos para que se investiguen, localicen y recuperen los restos de esas víctimas ejecutadas por el régimen franquista, a pesar de haber transcurrido setenta y siete años desde el golpe militar y treinta y cinco de la aprobación de la Constitución.

Asimismo, reclamamos una investigación por parte del Estado Español que establezca la verdad sobre el robo organizado de niños que se produjo de manera masiva (más 30.000 niños solo hasta el año 1955) durante este período tan negro de nuestra historia, y que se dé una respuesta por las instituciones del Estado que garantice justicia y reparación para un drama todavía vivo en padres e hijos, víctimas de ese delito que propició la dictadura. Un delito ha permanecido oculto durante muchísimos años y que ahora ha empezado a aflorar.

En España existen entre 100.000 y 150.000 desaparecidos, la mayoría de ellos enterrados en fosas comunes, según diferentes estudios e investigaciones históricas. Los datos oficiales del Ministerio de Justicia arrojan una cifra total de 2.246 fosas localizadas en la Península, de las cuales solamente un 10% han sido abiertas para proceder a una exhumación científica. El resto, miles de restos humanos sin nombre, continúan en esas fosas comunes, en las cunetas, en las tapias de los cementerios o en cualquier lugar, a la espera, igual que sus familiares, de que llegue alguna vez una solución digna y un destino final.

Sirva como dato que el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía estima en 100.000 las víctimas que siguen sin identificarse, y señala que en Andalucía sólo han sido exhumados un total de 5.277 cuerpos, de los cuales 2.840 proceden del cementerio de San Rafael en Málaga.

Esta preocupante situación agrava el sufrimiento de los familiares de las víctimas ante la falta de amparo de los tribunales de justicia, que han renunciado mayoritariamente a investigar las denuncias de desaparición y a amparar la apertura de fosas. Fue el Tribunal Supremo, en la sentencia sobre el juez Baltasar Garzón, el que dictaminó -en una resolución insólita- que las víctimas de los crímenes del franquismo no tienen derecho a la tutela judicial.

Amnistía Internacional ha documentado la práctica continuada del archivo judicial de casos relativos a crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a esta sentencia del Alto Tribunal en su informe de 2013 “El tiempo pasa la impunidad permanece”.

De esta manera, los familiares de las víctimas no pueden ejercer el derecho a investigar, localizar y recuperar los restos del familiar desaparecido, y tampoco pueden satisfacer sus aspiraciones de justicia y su derecho a la verdad.

En definitiva, España es el único país democrático que no ha realizado una investigación formal y exhaustiva de los crímenes de Estado cometidos bajo la dictadura franquista y ha desoído una y otra vez las recomendaciones de los organismos internacionales, que instaban al Estado a llevarla a cabo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la aplicación del Pacto sobre Derechos civiles y políticos recordó a España en 2008 que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y recomendó derogar la ley de amnistía y tomar las medidas legislativas para garantizar la no aplicación por los jueces nacionales de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.  También instó a la creación de una “comisión de expertos independientes” encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, así como permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas, y que, en su caso, las indemnicen. En el mismo sentido se manifestó el Consejo de Europa en 2006, que recomendaba la constitución de una Comisión de la Verdad en España.

El informe de Amnistía Internacional Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, tampoco tuvo consecuencias. Publicado el 9 de mayo de 2012, instaba a España a derogar la ley de amnistía, investigar los crímenes y exhumar las fosas comunes.

En definitiva, el Estado no ha hecho nada por sacar a sus desaparecidos de las fosas y cunetas de España. El único intento ha sido la insuficiente Ley de Memoria Histórica de 2007, que, a día de hoy, el nuevo gobierno ha vaciado totalmente de contenido.

Ha sido el propio Comité quien recordó a España en 2012 sus obligaciones en el cumplimiento de la convención, y que una ley de amnistía no puede amparar tampoco el fin de esa obligación del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables.

Pese a ello, el gobierno español en su último informe al Comité, en diciembre de 2012, no suministró información alguna sobre las desapariciones forzadas. El informe oficial se escudó para ello en una interpretación restrictiva del art. 35 de la Convención y argumentó que solo estaba obligado a facilitar información a partir del 23 de diciembre de 2010, fecha en la que el gobierno ratificó la convención.

La situación desamparo es tan grave y persistente que la Plataforma por la Comisión de la Verdad y todos aquellos que la forman hemos decidido iniciar una campaña internacional, dirigida a las Naciones Unidas y las instituciones europeas, para denunciar esta desprotección del conjunto de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo, una desprotección que se sigue prolongando 35 años después de la desaparición de la dictadura, y que impide, una y otra vez, establecer la verdad sobre esos crímenes y la reparación para con las víctimas, con el reconocimiento del daño causado y, en definitiva, justicia.

Seguiremos exigiendo que el Estado Español cumpla la legislación internacional en materia de derechos humanos y todas las obligaciones que de ella se derivan. La verdad, la justicia y la reparación no pueden esperar más.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo integra víctimas, asociaciones de memoria histórica, juristas y defensores de derechos humanos para exigir la creación de una Comisión de la Verdad en España como un conjunto de mecanismos y órganos oficiales sin carácter judicial que garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo

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